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El desastre de la Torre de Grenfell ha dejado al descubierto la deliberada destrucción de la Vivienda Social. Tanto los alquileres como las condiciones físicas han sido erosionados. Se recortó la tasa de construcción y miles de hogares sociales se perdieron en el sector. Los efectos son obvios ahora, pero ¿de quién es la culpa?. Yo diría que es de todos nosotros. Una respuesta espectacularmente débil del sector de vivienda durante la última década ha permitido una remodelación y una disminución del sector de vivienda social, con efectos más profundos que el programa “derecho a comprar” en los años 80.

Quizás fue distinto en generaciones previas. La amenaza de oposición del sector de vivienda habría hecho que los cambios de los últimos siete años sean demasiado difíciles políticamente para que sucedan. Pero en esta ocasión el sector masculló y se quejó y luego, a regañadientes, aceptó casi todo. Hubieron, por supuesto, individuos que denunciaron y hubo alguna moderación efectiva de las medidas más extremas de parte de la Cámara de los Lores. Pero, sin embargo, el sistema de vivienda social está siendo efectivamente desmantelado sin mucho más que un quejido de parte de quienes son responsables de operar en el mismo. ¿Porqué sucede esto?

Uno casi tiene que admirar el ingenio del gobierno. En 2010, el gobierno de coalición había sido apenas electo, con un mandato para palear el déficit. Puso en práctica esta tarea, en la vivienda, con entusiasmo. La construcción de nueva Vivienda Social era previamente subsidiada a través del Programa Nacional de Vivienda Asequible. El dinero para éste fue inmediatamente reducido en un 60%; pero al mismo tiempo la coalición introdujo una cantidad de medidas que permitieron a los proveedores de vivienda aumentar los ingresos de los alquileres. Esto creó, de manera inmediata y quizás intencional, una tensión entre los principios fundadores de las asociaciones de vivienda y su interés de negocios.

El ejemplo más obvio fue la incorporación del “Alquiler Asequible”. Antes de 2010, las asociaciones de vivienda y los concejos municipales proporcionaban casi toda la vivienda de bajo costo a través de lo que se llamaba “Alquiler Social”. Esto le cobraba a los inquilinos un alquiler que era aproximadamente la mitad de lo que deberían pagar si alquilaran una vivienda a un propietario privado en la misma zona. Pero en 2010 este sistema fue reemplazado por nuevas viviendas y por re-alquileres. Los subsidios estuvieron entonces sólo disponibles para el alquiler asequible, el cual cobraba a los inquilinos hasta un 80% del alquiler de mercado. El efecto en los inquilinos es obvio, pero para las asociaciones de vivienda el ingreso extra de alquiler compensa, hasta cierto punto, la pérdida de subvenciones del estado, e hizo posible que las asociaciones continúen construyendo nuevos hogares.

Otra acción astuta fue la incorporación de hogares de comienzo. En primera instancia suenan como una buena idea. Nuevos hogares ofrecidos a personas de menos de 40 años de edad para que compren con un descuento del 20% sobre el precio total de mercado. El truco es que durante el planeamiento, se los contaba como vivienda asequible. Esto significó que los nuevos desarrollos privados de vivienda podían deshacerse de su tarea de construir una parte de vivienda asequible a través de ofrecer una parte de sus viviendas con descuentos, en lugar de construir nueva vivienda social. Esto redujo significativamente una fuente importante de nuevos hogares asequibles, pero también creó una nueva oportunidad de negocios para algunas asociaciones de vivienda.

Hubo otras medidas que indudablemente disminuyeron la vivienda social. La cancelación del Subsidio de Habitación Adicional o “tasa de dormitorio” como se lo conoció, era un requerimiento para que los inquilinos de vivienda social tengan que paga extra si su hogar era considerado demasiado grande para ellos. La investigación ha demostrado que esto ha aumentado la pobreza y ha tenido efectos adversos de amplia magnitud en la salud, el bienestar y las relaciones sociales. Pero por supuesto también ha aumentado el ingreso en los alquileres para las asociaciones de vivienda.

Enfrentando recortes en el financiamiento del gobierno al mismo tiempo que oportunidades para cobrar mayores alquileres para recuperar las pérdidas, las asociaciones de vivienda han sido ubicadas en una posición insidiosa. Algunas se han aferrado, de modo elogiable, a  sus valores sociales, y encontraron nuevas maneras creativas de continuar proporcionando nueva vivienda social. Algunas se re-definieron a sí mismas como “negocios sociales” que buscan hacer “ganancia con un fin”, otras están saliendo del negocio de la vivienda social con entusiasmo y tan rápido como pueden. El efecto es claro – el sector de vivienda se ha dejado volverse víctima de la ley ‘divide y reinarás’. Pero no son las asociaciones de vivienda las que sufrirán. Los balances saludables y excedentes demuestran que sobrevivirán, e incluso prosperarán. Las víctimas reales son las personas de bajos recursos, que tienen que arreglarse en condiciones más pobres, incluso peligrosas, a cambio de un alquiler significativamente más alto, y la gente que el sector debería estar alojando, quienes, en cambio, deben arriesgarse en el cada vez más inasequible mercado de alquiler privado.


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